
Es obvio que después de 33 años de Transición se considere la conveniencia de modificar la Constitución de 1978, pero ahora resulta que la única modificación que se plantea en estos días, con carácter de urgencia, es una modificación que se justifica por motivos exclusivamente económicos, para estabilizar la economía con no sé qué medidas de urgencia y, sobre todo, ponerla a salvo de los tiburones de la especulación. Según parece, en principio, los líderes de los respectivos partidos mayoritarios están de acuerdo en modificar el texto constitucional únicamente en este punto; por lo visto la cuestión económica es lo que tiene prioridad en este momento y todo lo demás es secundario, aplazable indefinidamente como ha venido siendo hasta ahora. Así la remodelación a fondo del texto constitucional puede seguir esperando ad Kalendas Graecas. El 30 de febrero, vaya.
Tenemos una constitución hecha a la medida del vencedor de la guerra civil. En la redacción de su texto se procura ser circunspecto y evitar todo aquello que pudiera molestar a quienes han accedido a negociar el pacto democrático, plasmable en ley, que va a llamarse, solemnemente, Constitución. La derecha negocia desde una posición de ventaja, rechazando cualquier cláusula que pudiera poner en entredicho la legalidad del régimen subyacente, desde el que se parte: el régimen del 18 de julio.
En la redacción del texto constitucional de 1978 no podía figurar una cláusula que condenara explícitamente ese régimen, por más que toda ley de carácter democrático (y esa, a pesar de sus deficiencias, lo era) supone la condena implícita de la dictadura, o el franquismo, en este caso. Era una ley sui generis, que se hacía desde el propio régimen y hubiera resultado absurdo que los representantes del mismo reconocieran su ilegalidad.
Pero ahora la Constitución remodelada partiría de una situación democrática legal, y la condena de la dictadura, o del franquismo, debería ser explícita. Tirios y troyanos, rojos y azules, deben reconocer que aquel régimen nacido del 18 de julio fue un crimen de lesa patria, en el que unos militares se alzaron contra un gobierno legítimo, traicionaron a su propio país, solicitando la ayuda de potencias extranjeras como Alemania e Italia, infligieron estragos en poblaciones de la propia nación y, sobre todo, se deshicieron del disidente político indefenso, asesinándolo a mansalva en la retaguardia.
La nueva redacción del texto constitucional debería incluir una condena explícita del franquismo. Es una formalidad exigible en un documento que se supone refrendado por un consenso democrático. Toda omisión en este sentido podría considerarse sospechosa de connivencia o simpatía con una etapa que fue, en muchos aspectos, funesta para España.
Hay omisiones en el texto constitucional vigente que hay que reparar, como sería la de la anulación de los juicios sumarísimos por parte de los tribunales militares franquistas (ahí está todavía el ejemplo de Miguel Hernández, cuya condena por un tribunal militar no ha sido aún anulada por el Tribunal Supremo, al que los familiares del poeta apelaron. La petición de estos ha sido, de hecho, denegada)
Cuando se acometa la remodelación de la Constitución, que sea para introducir esas reformas en profundidad que el texto de nuestra Ley de Leyes está demandando. Si los dos partidos mayoritarios están de acuerdo, como parece, en introducir, por motivos económicos una reforma parcial de la Constitución, habrá que plantearse la necesidad de esas otras reformas de mayor calado que dicho texto requiere. Por lo demás, los partidos llamados mayoritarios no representan necesariamente, hoy por hoy, a la mayoría del pueblo español. Y actuar basándose únicamente en el consenso de los partidos mayoritarios, saltándose el protocolo de una consulta popular, podría incurrir, incluso, en inconstitucionalidad.
Si se reforma ahora la Constitución alegando motivaciones económicas urgentes, se perderá la oportunidad de acometer una reforma a fondo de la misma. Y otra oportunidad no se dará, probablemente, en mucho tiempo.
* Remito a una antigua entrada donde se alude a la 'ley del silencio', o mejor, 'pacto de silencio' con el que se consiguió sacar adelante aquella primera constitución con la que se perpetró la transición a la democracia
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NOTA: Esta entrada estaba escrita desde hace varios días y en fase de revisión. En el telediario del mediodía de hoy se ha hecho pública la noticia del acuerdo entre el PP y el PSOE por el que se ha resuelto modificar el texto constitucional en el sentido que apuntábamos más arriba. Es la política de los hechos consumados.