Ignoro qué razones se alegan desde el episcopado español para oponerse a la implantación de una asignatura cuyo solo enunciado la hace atrayente, por más que adolezca de una una cierta redundancia: toda educación, si lo es, se supone que influye positivamente en la calidad de la ‘ciudadanía’. Otra cosa es (y de esto se trata) que la tal asignatura se proponga como objeto principal mejorar el comportamiento cívico de los ciudadanos, instruyéndoles acerca de los derechos y deberes que tienen como tales, lo que en su sentido más genuino se llamó entre los griegos Política (de “polis”, ciudad, y “polites”, ciudadano). Los romanos, conscientes de que la Política suponía la participación del ciudadano en una empresa común, adoptaron, como término correspondiente al griego ‘Política’, el equivalente latino de República (Res publica = la cosa pública). El estado que adopta el nombre de República, si lo es de verdad, está declarando implícitamente su opción democrática*. Claro que la opción democrática no excluye la aceptación de la institución monárquica. Así ocurre de hecho en varios países europeos cuyos gobiernos democráticos son compatibles con el mantenimiento de la institución monárquica: Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Bélgica, España...
De todos modos sospechamos que no se trata de meros tiquismiquis gramaticales, sino de reparos de mayor calado, algo que en la apreciación de sus excelencias reverendísimas debe parecerse mucho al cisma o a la herejía. No se explica, de otro modo, esa incomprensible inquina, ese radical rechazo de una asignatura, por demás, postulada por el propio estado de derecho y, por supuesto, inspirada en los principios de la Constitución. ¿Qué habrán visto de inconveniente en la tal asignatura los señores del báculo y la mitra como para ponerla poco menos que en el punto de mira del anatema?
Yo no entiendo qué puede haber de malo en que se trate de enseñar a los alumnos (de uno y otro sexo) a ser buenos ciudadanos. La ciencia de la ciudadanía, la Política en su sentido más genuino, se puede enseñar y, desde luego, es teorizable, como lo demuestran los más célebres tratadistas del tema en la antigüedad, entre ellos Aristóteles y Cicerón. Tanto uno como otro explicaron y clasificaron los sistemas de gobierno, señalando sus respectivas ventajas e inconvenientes. Y las ventajas del sistema democrático consisten, principalmente, en la participación del pueblo en el gobierno de la ciudad, participación que se realiza, principalmente, a través del sufragio, la consulta y consiguiente ratificación, por parte de la mayoría, de aquellas medidas que se vayan a adoptar para el mejor gobierno de la ciudad. Las leyes que regulan esa convivencia se sancionan y se aprueban, o no, tras su propuesta y discusión por los legítimos representantes elegidos por el pueblo. Y el derecho fundamental a la libertad, en general, se reconoce y se respeta en el sistema democrático.
Tal vez lo que inquieta a los señores de la mitra y el báculo es que una sociedad adoctrinada en la ciudadanía desde los presupuestos de la democracia es, por exigencias y cohesión interna del propio sistema, aconfesional. Antidogmática, sin perjuicio de ser respetuosa con cualquier credo religioso.
¿Está en su derecho el Estado democrático a educar a sus conciudadanos en los principios de la democracia? Creemos que no sólo es su derecho, sino su deber, hacerlo. En efecto, fue la falta de educación democrática, junto a otras carencias educativas y de otro signo, lo que dio lugar en España a los conflictos sociales y a la guerra civil que se derivó de ellos. Ningún país educado en las normas de la convivencia puede adoptar, como medio recomendable para dirimir sus pleitos, el remedio de la guerra civil. Remedio peor que la enfermedad.
La Educación para la Ciudadanía trata, desde luego, de prevenir que una tal situación pueda volver a darse en el futuro.
Repárese en el hecho de que los sistemas de gobierno, tanto los legítimos como los que no lo son, tienden a perpetuarse, incluso contra la voluntad de los gobernados. El franquismo hizo lo posible por dejarlo todo “atado y bien atado”. Implantó en la enseñanza obligatoria una asignatura que se llamó Formación en el Espíritu Nacional, en la que pretendía inculcar a los ciudadanos los dogmas y principios del Movimiento. El Catolicismo, desde luego, formaba parte del sistema, ya que, por desgracia, la Iglesia hubo de tomar partido por los militares que se alzaron contra la República. Por supuesto que, en esa ocasión, los obispos no tuvieron inconveniente en admitir tal imposición por parte del Estado (que no lo era de Derecho, sino sólo de Derecha) Pero, claro, si el propio Alzamiento había sido una cosa loable, una verdadera Cruzada, según el criterio de la jerarquía eclesiástica de la época, lo que el Régimen disponía contaba, de antemano, con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica. Así que las disposiciones del Estado (no de derecho) en este sentido tenían asegurado el “nihil obstat” por parte de la autoridad eclesiástica.
Ahora, en cambio, con la puerta abierta al laicismo en materia religiosa, los obispos oponen resistencia y se muestran beligerantes con el Estado de derecho. Y amparados en la libertad de expresión que les reconoce ese mismo Estado, y en la magnífica labor de equipo de la COPE de sus finanzas, consienten que medre en España una atmósfera de crispación cada vez más irrespirable.
Habría que recordarles en el viejo latín de los romanos aquello de Caveant consules ne quid res publica detrimenti capiat (Procuren los mandatarios que la patria común no reciba ningún daño)
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* R. Martínez Fernández, "Res publica, ¿Estado implícitamente democrático?" (Helmántica, t. XXIX,pp. 353-375)